¿Cómo garantizar la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en el procedimiento sancionatorio ambiental?

40 páginasEste artículo presenta un análisis del procedimiento sancionatorio ambiental actual en Colombia, y cuestiona la efectiva aplicación del principio de imparcialidad en la medida en que la autoridad ambiental viene actuando como juez y parte. De manera que se proponen soluciones a corto y largo plazo para corregir la tensión existente entre el sistema actual y las garantías constitucionales y legales del individuo a ser juzgado por una autoridad administrativa autónoma, independiente e imparcial.This article presents an analysis of the current environmental sanctioning procedure in Colombia and questions the effective application of the principle of impartiality due to the fact that the environmental authority is acting as judge and party on the same time. Thus, short and long-term solutions are proposed to correct the existing tension between the current system and the constitutional and legal guarantees to be judged by an autonomous, independent and impartial administrative authority

Análisis del origen del proceso sancionatorio ambiental por infracción normativa. Propuestas

33 páginasLa Ley 1333 de 2009, por la cual se estableció el procedimiento sancionatorio ambiental vigente para Colombia, cumple diez años de aplicación. En ese lapso se ha recopilado información estadística que permite evaluar, desde el análisis de las infracciones por violación normativa, si esta labor de gestión basada en la vigilancia y el control ha sido eficaz y efectiva. Las actividades de vigilancia y control de las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, que hacen parte de un numeroso grupo de entidades ambientales y entes territoriales con funciones ambientales, pueden estarse distrayendo del principal objeto legal que tienen: la ejecución de las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables, así como dar cumplida y oportuna aplicación a las disposiciones legales vigentes sobre su disposición, administración, manejo y aprovechamiento. Y todo por estar privilegiando en algunos casos la vigilancia normativa y el impulso de procesos administrativos sancionatorios antes que procurar que los ciudadanos usen legalmente los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales, o den manejo adecuado a los impactos generados por sus obras o proyectos. Para corregir y evitar en lo sucesivo este yerro se propone un cambio en la visión administrativa, se hace una crítica a la política pública sectorial, y se plantean alternativas de acción focalizadas en las causas de las infracciones ambientales.The 1333 Law of 2009, by which was established the environmental sanctioning procedure for Colombia, has ten years of application. In this period there is statistical information that allows evaluating, from the analysis of the infringements by normative violations, whether this management work based on monitoring and control has been effective and efficient. The monitoring activities and the control of autonomous regional corporations and sustainable development, which are part. of a large group of environmental entities and territorial bodies with environmental functions; can be distracted from the main Legal object they have: the execution of the policies, plans, programs and projects on the environment and on the renewable natural resources. As well as to give a fulfilled and timely application to the legal provisions in force on its disposition, administration, management, and exploitation. The cause of such distraction is for being privileging in some cases the normative surveillance and the impulse of administrative processes that before they struggle to get all the citizens to use the renewable natural resources and other environmental elements or give suitable management to the impacts generated by their projects. In order to properly correct and avoid this mistake, it is proposed a change in the administrative vision, going through a critique of the sectorial public policy, and proposing alternatives of environmental action focused on the causes of environmental infringements

La responsabilidad objetiva de la empresa y otros infractores en el procedimiento sancionador ambiental salvadoreño.

380 p.El plan de exposición se desarrolla en tres capítulos que permitirán conocer el régimen jurídico de la responsabilidad objetiva por daños ambientales del infractor, en los supuestos de imposición de sanciones, en el marco del procedimiento administrativo sancionador, por infracciones a la normativa de protección del medio ambiente. De esta manera, el capítulo primero se centra en el estudio del fundamento de la responsabilidad por daños ambientales de la empresa y demás infractores.En el capítulo segundo se lleva a cabo un estudio del procedimiento administrativo sancionador, por tratarse del medio a través del cual se impone la responsabilidad por daños al medio ambiente al infractor. La relevancia del procedimiento administrativo sancionador en lo que se refiere a la responsabilidad por daños al medio ambiente vienedeterminada por el hecho de que, normalmente, las acciones u omisiones que deterioran el medido ambiente constituyen una infracción administrativa, que deben ser previstas como tales, por el ordenamiento jurídico.Por último, el capítulo tercero tiene por objeto el examen de los daños ambientales, la relación de causalidad entre la conducta del sujeto y los daños al medio ambiente y, finalmente las sanciones por infracciones ambientales. La imposición de responsabilidad objetiva y subjetiva por daños ambientales al infractor, requiere acreditar, precisamente, dichos daños ocasionados. En este sentido, en el capítulo tercero se estudia el daño ambiental, delimitando la tipología de estos, que acoge la Ley de Medio Ambiente de El Salvador, en el marco de los principios ambientales e incidiendo en los aspectos de su delimitación y en las opciones para su reparación.Otro de los presupuestos de la imposición de sanciones al infractor y de la imputación a este de la responsabilidad por los daños ambientales ocasionados, objeto de análisis en el capítulo tercero, es la relación de causalidad entre la actuación de dicho sujeto y el daño ocasionado, precisándose las herramientas que sirven a la Administración pública para determinar la relación de causalidad. A continuación, la Tesis se detiene en el estudio de las diferentes sanciones que pueden imponerse al sujeto responsable, como respuesta a las infracciones de la normativa sobre medio ambiente, señalando las diferentes modalidades de sanciones que contempla la normativa salvadoreña, sobre medio ambiente e incidiendo en aspectos a valorar por la Administración en el momento de sancionar, como son la gravedad y la reparación del daño ambiental, el peligro a la salud de grupos humanos, al ecosistema, así como el beneficio y la capacidad económica del infractor. Finalmente, se apunta la conveniencia de realizar algunas reformas en la materia objeto de la Tesis.Ministerio de Ciencia e Innovación y por la Agencia Estatal de Investigación MCIN/AEI/10.13039/501100011033

Princípio de proporcionalidade como limite material para a imposição da medida preventiva na matéria ambiental de suspensão de obra, projeto ou atividade

The power to impose the environmental preventive measure of the suspension of  the project, the work or the activity is part of the discretionary decisions of the administration and the consequence must go to the principle of proportionality and rationality at the time of its application. It is not sufficient to justify the imposition of the aforementioned preventive measure solely in light of the rules contained in article 39 of Law 1333 of 2009, and less with the application of the precautionary principle alone. The foregoing conclusion arises from a systematic interpretation of the norm, referring especially to what is enshrined in Article 36 of the aforementioned Law, in accordance with what was stated by the Constitutional Court, especially in sentence C-703 of 2010, and finally with support in the specialized Doctrine.La potestad de imponer la medida preventiva ambiental de suspensión de proyecto, obra o actividad hace parte de las decisiones discrecionales de la administración y en consecuencia debe acudirse al principio de proporcionalidad y racionalidad  al momento de su aplicación. No es suficiente justificar la imposición de la medida preventiva mencionada únicamente a la luz de las reglas contenidas en el artículo 39 de la Ley 1333 de 2009, y menos con la sola aplicación del principio de precaución. Lo anterior conclusión surge de una interpretación sistemática de la norma, acudiendo especialmente a lo consagrado en el artículo 36 de la citada Ley, en concordancia con lo expuesto por la Corte Constitucional, especialmente en la sentencia C-703 de 2010 y finalmente con apoyo en la Doctrina especializada.Le pouvoir d’imposer la mesure préventive environnementale de suspension d’œuvre, de projet ou d’activité fait partie des décisions discrétionnaires de l’administration et, en conséquence, doit aller au principe de proportionnalité et de rationalité au moment de son application. Il ne suffit pas à justifier l’imposition de la mesure préventive visée uniquement à la lumière des règles contenues dans l’article 39 de la Loi 1333 de 2009, et moins à la seule application du principe de précaution. Cette conclusion découle d’une interprétation systématique de la règle, en particulier par le principe consacré par l’article 36 de la Loi, conformément à la déclaration de la Cour constitutionnelle, en particulier dans l’arrêt C-703 de 2010 et enfin avec le soutien dans la Doctrine spécialisée.A potestade de impor a medida preventiva ambiental de suspensão de projeto, obra ou atividade faz parte das decisões discricionárias da administração e em consequência deve se acudir ao princípio de proporcionalidade e racionalidade ao momento da     sua aplicação. Não é suficiente justificar a imposição da medida preventiva nomeada unicamente à luz das regras contidas no artigo 39 da lei 1333 de 2009, e menos com só a aplicação do princípio de precaução . A anterior conclusão surge duma interpretação sistemática da norma, acudindo especialmente ao consagrado no artigo 36 da citada lei, na concordância com o exposto pela Corte Constitucional, especialmente na sentença C-703 de 2010 e finalmente com apoio na doutrina especializada

LOS TRIBUNALES AMBIENTALES EN CHILE. ¿UN AVANCE HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA AMBIENTAL?

El presente estudio pretende analizar el estado actual de la implementación del derecho de acceso a la justicia en materia ambiental en Chile. Con esta finalidad, se intentará, en primer lugar, esbozar un panorama general acerca del derecho de acceso a la justicia propiamente tal, para luego aplicar sus elementos a la realidad jurídica ambiental chilena. Se intentará verificar la situación de la implementación de este derecho de acceso existente antes de la entrada en vigor de la Ley 20.600/2012, de 28 de junio, que crea los tribunales ambientales, y determinar si el nuevo panorama que ella supone significa un avance en dicho ámbito

Apoyo en procesos sancionatorios ambientales en el Grupo Técnico de Corpoboyacá

Spa: Las actividades antrópicas ejercen diversos impactos ambientales, dentro de los cuales se afectan los recursos de agua, suelo, aire, fauna y flora, por ello, a nivel nacional se cuenta con la Ley N° 1333 de 2009 en la cual se establece el procedimiento sancionatorio ambiental, es por esto que, como modalidad de grado, se participó en las actividades del grupo técnico sancionatorio de Corpoboyacá asociadas a la identificación de los estados del proceso sancionatorio ambiental, incorporación de información física en plataformas digitales y elaboración de conceptos técnicos relativos. Obteniendo como resultado el manejo de 40 expedientes para cargue, revisión, complemento de la información en la plataforma Geoambiental y el libro Excel de matriz sancionatorio y visitas técnicas de inspección ocular, donde se determinó que el estado sancionatorio con mayor porcentaje es el inicio del procedimiento sancionatorio ambiental con un 33%, mientras que las actividades que generar más procesos sancionatorios están ligadas a la captación ilegal de agua y la minería ilegal (sin licencia ambiental) además de encontrar que el recurso hídrico sufre mayor impacto negativo con un 50% seguido del suelo con un 28%.Bibliografía y webgrafía: páginas 60-63.PregradoIngeniero Ambienta

Aplicación del principio de fragmentariedad en las conductas ilícitas ambientales penalmente relevantes

En nuestra realidad nacional se puede apreciar que no existe una aplicación correcta del principio de mínima Intervención en función a la determinación de conductas ambientales penalmente relevante, en donde se puede afirmar que como bien jurídico protegido se busca garantizar la estabilidad de los ecosistemas, a través de diseñar una propuesta legislativa en función a la problemática existente con criterios constitucionales y buscando la aplicación del principio de fragmentariedad frente a las conductas ilícitas ambientales recogidas en el ordenamiento penal peruano, delimitando aspectos en función al derecho penal ambiental pues este no debe criminalizar cualquier conducta que vulnere el entorno, sino aquellas perjudiciales al ambiente o a la salud ambiental, mediante su lesión o puesta en peligro grave, teniendo en cuenta los altos índices de incidencia que ocurren no solo la región materia de estudio sino en todo el territorio nacional

31 visiones actuales de la transparencia

Treinta y una aportaciones de autores nacionales y extranjeros sobre la transparencia de las instituciones públicas y de los sujetos obligados por la Ley 19/2013 de 9 de diciembre y el derecho de acceso a la información pública

La inversión del 1% en proyectos objeto de licencia ambiental, para el sector de los hidrocarburos en Colombia

El presente proyecto de investigación tiene como propósito el de concientizar y sensibilizar a las industria petrolera, autoridades ambientales y comunidades sobre la necesidad apremiante de la protección de los recursos naturales, especialmente los relacionados con el agua, como fuente de vida y motor de desarrollo de nuestro país

La defraudación al principio de confianza legítima ante la revocatoria de licencias ambientales desde la óptica de la responsabilidad del Estado

180 páginasThe principle of legimitate trust arises aas a limitation to the power to revoke environmental licences, because although State assists the duty of environmental protection and subject to the constitutional and legal postulates that advocate the primacy of the general interest in preeminence of the individuals, it is undeniable that their still legitimate action has the vocation of causing an unlawful damage to the administrated holder of the environmental license, before the transgression of the trust that he places in the durabillty of the decisions of the Administration, and his guardians Principles of legal certainty and good faith.El principio de confianza legítima surge como una limitante a la potestad de revocación de las licencias ambientales, pues si bien al Estado le asiste el deber de protección del ambiente y la sujeción a los postulados constitucionales y legales que propugnan la primacía del interés general en preeminencia de los particulares, es innegable que su actuar aún legítimo tiene vocación de causar un daño antijurídico al administrado titular de la licencia ambiental, ante la transgresión de la confianza que éste deposita en la perdurabilidad de las decisiones de la Administración, y su guarda a los principios de seguridad jurídica y buena fe.Magíster en DerechoMaestrí